Primero, la ‘ley de nietos’ no implicará pucherazo electoral. Segundo, es indudable que en 1939 y años posteriores hubo un exilio republicano, si no antes, desde que se produjera el golpe de Estado y en función de cómo cogiese colocado geográficamente a cada españolito en 1936. Es indiscutible que media España, la derrotada en la Guerra Civil, sufrió represalias tras un final de contienda en el que no hubo reconciliación ni piedad, solo revanchismo persistente. Y, por tanto, muchos se tuvieron que ir con lo puesto a Francia, México, Argentina, Venezuela, Cuba… Y unos pudieron retornar con la Transición y otros no. Casos habrá múltiples.
Dicho esto, la nacionalidad otorgada por motivos de exilio político debe quedar concernida a eso y debe acreditarse. No es lo mismo exiliarse por la persecución política de la dictadura en tu contra que por motivos de estrecheces y hambruna en la España de la posguerra.
Viene esto a cuento, porque los hay que se acogen o pretenden acogerse a la denominada ‘ley de nietos’ (en verdad, de memoria democrática) que cuando te interpelan para preguntarte alguna información te percatas enseguida que no saben que en España hubo una Guerra Civil, una dictadura y una Transición. No saben nada de nada, ni de izquierdas ni de derechas. Tan solo que tuvieron un abuelo que se fue y listo, y si tomas la licencia de indagar por qué fue represaliado ese familiar, se quedan petrificados en el silencio de la ignorancia; bien porque no fue realmente un exiliado político y, si llegó a serlo, se las trae al pairo si fue socialista, comunista, gudari, anarquista, militante del POUM o lo que se tercie. No saben responderte. Así no. No caben coladeros. La memoria democrática en un país que padeció una dictadura que atravesó su siglo XX debe tomarse en serio.
A pesar de lo pensado durante décadas en España de que nunca la migración sería un tema cardinal en la agenda política, que nunca seríamos Francia, lo cierto es que ya ocupa una posición de relevancia notoria y creciente. Y lo hace en virtud de causas distintas. Con todo, en lo concerniente a la memoria democrática, la nacionalidad a favor de los descendientes (hijos y nietos) de exiliados republicanos debe responder a ese criterio (por las ideas políticas que defendieron y la pérdida de la democracia) y no otro. Y debe hacerse con madurez ciudadana y siendo acreditado previamente. Hacerlo con congruencia, sin camuflajes, supone precisamente la mejor manera de honrar su sacrificio del exilio político personal y el del conjunto de vencidos republicanos.
