Está a punto de cumplir dos años Lola Padrón como diputada del Común. Le restan otros tres para completar el mandato del titular de la Diputación del Común que resulta cinco en total, en vez de cuatro, para así precisamente reforzar la independencia de la institución frente a los vaivenes políticos y electorales. Por tanto, Padrón ya conoce de primera mano el organismo de dependencia parlamentaria con sede en Santa Cruz de La Palma. Todo eso, rezumó ayer en la entrevista publicada por ‘La Provincia’ a la portuense.
La diputada del Común tiene ganas de abrir ventanas, refrescar y conectar la institución con la sociedad canaria. Indudablemente, la base jurídica no solo es primordial sino que es el núcleo en el que opera el día a día de la encargada de velar por la defensa de los derechos fundamentales y, en consonancia, el ajetreo de la ciudadanía con respecto a las administraciones públicas que le atañen; desde ese municipio de medianías que no repara farolas dejando sin alumbrado a una calle hasta ese otro consistorio que descuida aspectos urbanísticos en la costa, pasando por las listas de espera quirúrgicas o las subvenciones culturales aún sin pagar por un cabildo. Lo que sea. No hay varita mágica. Pero sí empeño y, como reza la máxima de los defensores del pueblo, desempeñar la magistratura de la persuasión. Subrayo: una labor jurídica. Eso sí, con afán de versatilidad de cara a incluir esfuerzos de sociología o trabajadores sociales, por ejemplo, que complementen el campo de cobertura cotidiano.
Desde luego, esta tarea implica expandir mentes y ahondar en el sentido social al que está abocado la Diputación del Común sin, recalco, relegar su función jurídica que nutre los expedientes de queja. Poco a poco, pero con ímpetu; es el espíritu que acompaña a Padrón.
Toca vencer resistencias y las burocratizaciones al uso que ya describió Mariano José de Larra en el siglo XIX. Esas burocratizaciones pacatas e impenitentes que solapan, en puridad, estrecheces mentales y lagunas intelectuales. La norma, y solo el pretexto de la norma, como fin torticero y nunca como instrumento de regulación social y avances en derechos.
Por último, y como atinó en atestiguar, ninguna defensoría del pueblo ejerce de oposición política al gobernante de turno. No es institución en la que anide la fiscalización política. La Diputación del Común, e instituciones análogas en la España autonómica, está para abordar desde una perspectiva jurídica, pero no solo jurídica, las relaciones de la ciudadanía con respecto a las administraciones públicas que le son debidas.
