Se cumplen 50 años esta semana de un momento clave: la aprobación de la Ley para la Reforma Política (Ley 1/1977, de 4 de enero) que desmanteló el franquismo e impulsó la Transición. Entonces el propio régimen se hizo el harakiri; nimbado con el referéndum posterior en diciembre. Las Cortes franquistas, de la ley a la ley, permitió el proyecto democratizador que Adolfo Suárez (con ingeniería jurídica obra de Torcuato Fernández-Miranda) desembocaría en la cita con las urnas en menos de un año. Escasos meses pasaron hasta que en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales desde la Segunda República; legalización mediante del PCE y demás vicisitudes.
Esta es gran parte de nuestra Historia constitucional que culmina en el texto de 1978. Es el relato legitimador que, hasta hace veinte años mal contados, nadie cuestionaba y que ahora, sin embargo, es mermado tanto desde una parte de la izquierda como de la derecha. Desde Unidas Podemos a Vox, bancadas opuestas, contradicen el legado de la Transición. Aunque luego se presuma que, una vez tocan el poder, modulan sus discursos y acaban suavizados por obra y gracia de las instituciones. Mano de santo para mitigar radicalismos.
En la Ley para la Reforma Política el ‘suarismo’ se la jugaba. Es en ese trance donde cobrará sentido o no la apuesta de Juan Carlos I al nombrarlo presidente del Gobierno, sustituyendo al inmovilista Carlos Arias Navarro. Este último quería cambios (más o menos cosméticos) dentro del franquismo y, por el contrario, el monarca deseaba implementar la democracia al uso europeo.
Es verdad que la Transición fue un pacto desigual en cuanto a la fuerza de unos y otros. Que la izquierda cedió más por estar en el exilio. Pero ese pacto nos ha dado una democracia durante décadas que ha arrojado (con sus luces y sus sombras) paz, orden y prosperidad. Los consensos sistémicos deben ser compartidos por los grandes partidos. Y esto es lo que se ha puesto en riesgo de un tiempo a esta parte. Y urge coser esas heridas de gobernanza de tierra quemada. O cuidamos el valor y herencia de la Transición, o volverán oscuros pasajes patrios que zarandeen nuestra estabilidad colectiva y conciencia individual. Es mejor un acuerdo donde la mayoría (si no todos) se sientan integrados y respetados mutuamente, que el azar de imponer tus ideas aun a riesgo de la exclusión de los demás. Vista la Historia de España, jugar con fuego sale caro. Y demasiados irresponsables han pululado, y siguen haciéndolo, por el escenario político.
Para terminar, un dato esencial: en los comicios generales de 1977, que conformará la legislatura constituyente, las siglas más votadas fueron la UCD y el PSOE (sumaron entre ambos más del 60% de los votos); no el PCE ni AP. La sociedad ansiaba la democracia, pero sin alteraciones ni retrocesos. Rehuyeron fantasmas ‘guerracivilistas’ del pasado y defenestraron la dictadura. A su manera, en la década de los setenta, hicieron válido el deseo del presidente republicano Manuel Azaña proclamado en 1938: “Paz, piedad y perdón”. No lo olvidemos.










