El Tribunal Constitucional tiene ocasión de corregir que esté Pedro Sánchez, sin Presupuestos. Un dislate del ‘sanchismo’: no presentar anualmente, en tiempo y forma, las cuentas públicas para que las Cortes Generales cumplan con su papel. El Alto Tribunal ha admitido a trámite, y por unanimidad, el conflicto de atribuciones/competencias alzado por el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta.
Es una anomalía constitucional de primer orden que el Ejecutivo no presente, año a año, sus Presupuestos. Tiene que hacerlo antes del 30 de septiembre, fecha que no siempre se ha cumplido, pero sí presentarlo antes de que culmine el curso. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez no presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2026. El poder legislativo te los puede aprobar o no, pero es obligación del Ejecutivo presentarlos en cualquier caso. Mas el ‘sanchismo’, conocedor de que no dispone de la mayoría del Parlamento, en realidad no la tiene desde que comenzó esta legislatura, secuestra al poder legislativo su competencia y debate.
Uno de los fundamentos históricos del Derecho Constitucional, del liberalismo superador del Antiguo Régimen, es que sea el Parlamento (y solo el Parlamento) el que pueda autorizar los aumentos de impuestos (su mera existencia) a propuesta del Gabinete de turno. Lo que de por sí invoca la importancia del tema en cuestión. Esto es, no hay tasa posible sin aprobación previa de la representación del pueblo. Recuerden que la rebelión de las colonias norteamericanas frente a la metrópoli de Londres y la revuelta burguesa contra la nobleza en Francia, vienen a colación del rechazo al aumento de impuestos y gastos para sufragar las guerras de los monarcas.
Si luego las Cortes Generales no te aprueban las cuentas, son prorrogadas técnicamente. Aunque lo suyo es que la crisis política que genera ‘per se’ conlleve la disolución de las cámaras y la convocatoria de las elecciones generales de forma anticipada. Es lo que le ocurrió a Felipe González en 1995: CiU rechazó los Presupuestos del ‘felipismo’ para 1996 y hubo, por tanto, cita con las urnas. La legislatura no duró cuatro años.
Mariano Rajoy, por su parte, también tuvo que gobernar con las cuentas prorrogadas en algún momento. Aunque cumplió con el mandato constitucional. Pero siempre, y digo siempre, los Presupuestos hay que presentarlos ante las Cortes Generales, con independencia del resultado que tenga después la votación.
El Tribunal Constitucional debe subsanar esta acción impropia protagonizada por Sánchez. Nunca el poder constituyente pudo suponer que un Gobierno no registrara los Presupuestos (algo sagrado) y por eso la Constitución no prevé expresamente qué hacer ante su ausencia. Que el Ejecutivo no presente las cuentas ante el órgano donde reside la soberanía nacional, no tiene un pase. Es inaudito.
