Muy rápido se ha conocido la sentencia, pero toca esperar a su lectura y hay que acatar la caída del fiscal. Eso sí, no es un caso ni un fallo cualquiera. Ha caído el fiscal general del Estado. Y lo determina el Tribunal Supremo; por lo que todas las conspiraciones al uso chirrían pues, de lo contrario, sería interiorizar que no existe el Estado de Derecho en España, ni para unos ni para otros.
Ahora bien, es una sentencia sistémica. Genera grietas de largo alcance. Hay que aguardar al contenido pero Álvaro García Ortiz ha sido declarado culpable y, de paso, pone en un brete al bipartidismo. Por un lado, al PSOE porque es el Gobierno (como siempre, del color político que sea) el que lo nombró. Por el otro, al PP ya que de inmediato ha salido para pedir dimisión del ‘sanchismo’ y adelanto electoral; otra vez la judicialización de la política… el aprovechamiento de todo.
Esta sentencia, como la del ‘procés’, por mucho que proceda jurídicamente (y haya debate al respecto), zarandea la legislatura y, a la par, pone en guardia a Pedro Sánchez en cuanto a la mujer y al hermano. El mensaje del Tribunal Supremo es claro: quien la hace la paga, sea quien sea. Aunque con la condena a García Ortiz concurren claroscuros o contradicciones (nuevamente, esperemos a la sentencia) y, en suma, será el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los que ventilen, en definitiva, lo acontecido. Tardará.
Con todo, de eso trata también el Estado de Derecho: sujeción al ordenamiento jurídico, principio de legalidad. Sin esos mimbres operativos no hay democracia constituida en un Estado de Derecho que se precie con su debida plasmación constitucional.
Claro está, la marcha (de esta manera) de García Ortiz (y el triunfo político de Isabel Díaz Ayuso) tendrá repercusión. Es la primera vez que vemos a un fiscal general del Estado condenado. Nos quedamos, por tanto, con que la justicia funciona mas (igualmente) con el sinsabor de cómo se ha llegado a esta indeseable situación: a la caída del fiscal. Fuerte controversia social desata.
Hay sectores que apuntan a que esto era innecesario en la medida que se ha sobredimensionado o reconducido el procedimiento judicial para rebuscar un fin. Normal, por otro lado, cuando la Fiscalía General del Estado ha sido cuestionada en su máximo nivel; el debate se sirve enseguida para todo tipo de fuegos en la plaza pública. Difícilmente, habrá paz jurídica cuando conozcamos la sentencia. Es lo que tiene referirse al poder en su máxima expresión.
Me resisto a aplaudir las tesis de falta de imparcialidad e intereses ocultos que anidarían en los altos parámetros de la jerarquía judicial. Casos de desviación ha habido, y los hemos conocidos hasta el punto que fue condenado un juez en Canarias que trató de ‘matar’ civilmente a una diputada (que también era jueza) y, por ende, representante del pueblo. Casi nada; menudo trance supuso ese episodio. Ahora tenemos la caída del fiscal, ¡un fiscal general del Estado!, condenado por revelación de secreto. A buen seguro, García Ortiz interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Será su último cartucho en la justicia española.
